martes, 5 de febrero de 2008

La reforma hipotecaria

En la nueva ley se reducirán los gastos de notaría, registro e impuestos, derivados de cambios en las hipotecas, de forma que, por ejemplo, en la modificación de una hipoteca de 120.000euros estos gastos pasarán de 351 a 67 euros.

Estas reducciones en los costes se extienden a todas las hipotecas existentes tras la entrada en vigor de la normativa, que será un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La normativa limita al 0,5 por ciento las comisiones por amortización anticipada del préstamo a interés variable y lo reduce al 0,25 por ciento si el crédito tiene más de tres años.

Establece que sólo podrá cobrarse una tasa por cancelación anticipada de un préstamo a tipo fijo cuando suponga una pérdida de capital para la entidad.

Las hipotecas inversas cuentan con un nuevo marco legal tras la aprobación de la normativa, y las podrán solicitar las personas mayores de 65 años o dependientes para poder obtener un crédito con cargo a su vivienda con el fin de percibir una renta periódica.

Estas hipotecas se podrán suscribir sobre cualquier vivienda, aunque no sea la habitual, si bien las ventajas fiscales de las que se pueden beneficiar las personas que las contraten sólo serán para quienes lo hagan con cargo a su vivienda habitual.

El importe del préstamo dependerá del valor de la vivienda y de la edad del particular que lo suscribe, y la entidad financiera que lo conceda no podrá exigir la devolución de la deuda hasta que no fallezca su titular o el último de los beneficiarios.

El texto recoge además la regulación de las denominadas hipotecas de máximos, con las que se pretende favorecer a las pymes, ya que a través de este producto los pequeños empresarios logran avalarse a ellos mismos mediante un crédito que tiene como garantía la finca de la propia compañía.

El hecho de que ya no se pueda ampliar la cuantía de las hipotecas existentes (sí de las nuevas) sin cancelar el préstamo y constituir uno nuevo, fue duramente criticado por el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, que señaló que esta modificación 'sólo beneficia a las entidades financieras'.

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Ricard Torres, defendió la redacción de la ley y aseguró que 'se habían recogido todas las enmiendas necesarias', además de insistir en que la nueva norma 'mejora' las garantías para las familias.

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